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| Bethania Ojeda en la Municipalidad de Ciudad del Este. |
La ley Nº 2479/04 con sus modificaciones en la ley N°
3585/08 determina que el 5% de los puestos públicos deben ser ocupados por
Personas con Discapacidad (PcD). Esta ley involucra a todos los organismos y
entidades del Estado, gobernaciones y municipalidades, así como las empresas
privadas con mayoría accionaria del Estado. A pesar de los avances en el
cumplimiento de esta disposición, las medidas no son lo suficientemente
efectivas para llegar al cumplimiento de lo establecido en la ley.
Bethania Ojeda es Licenciada en Análisis de Sistemas.
Trabaja en la Municipalidad de Ciudad del Este. “La intendenta fue nuestra
madrina de promoción en la Facultad, ahí me conoció y me dijo que envíe mi
currículum” refirió la Licenciada Ojeda.
Comentó que es muy difícil conseguir trabajo y acotó, “más
aún cuando tenemos alguna discapacidad”. "Muchos no tienen las mismas
oportunidades y a pesar de tener las cualidades e idoneidad, no pueden
conseguir un empleo", agregó la Srta. Ojeda, quien se desplaza en una
silla de ruedas debido a una parálisis cerebral.
Bethania Ojeda logró seguir sus estudios universitarios
gracias a la solidaridad de sus compañeros de clase que la ayudaron a subir
cuatro pisos todos los días. Lamentó que no exista suficiente accesibilidad
arquitectónica en Paraguay. “Menos mal en el trabajo no tengo que subir gradas
porque estoy en planta baja”, comentó.
Además de las barreras arquitectónicas, la Lic. Bethania y
muchas otras personas con discapacidad, deben superar barreras en la mente de
las personas. “Entré hasta tercer grado en un colegio de Asunción sin problema.
Al mudarnos a Ciudad del Este mis padres me quisieron inscribir en el Colegio
Santa Teresita, pero me rechazaron. Gracias a Dios pudimos encontrar enseguida
otro colegio y terminé mis estudios. Algunas personas tienen prejuicios al ver
una silla de ruedas. Piensan que será un problema para ellos y no están
dispuestos a esforzarse un poco más”, indicó.
La Lic. Ojeda refirió además que conoce muchas personas con
discapacidad que tienen dificultades a la hora de acceder a educación y empleo.
Entre las barreras existentes, habló sobre la sobreprotección de algunas
familias, los prejuicios de directores y empleadores y la dificultad para
desplazarse hasta y dentro de los
centros de estudio, o el lugar de trabajo. “Gracias a Dios mi papá me trae y me
lleva de nuevo, de lo contrario no sé qué habría hecho”.
Al finalizar la entrevista, Bethania Ojeda dejó una
reflexión final: “Muchos no entienden que no te pueden negar un derecho solo
porque les asuste tu silla de ruedas o tu discapacidad”.
UNA REALIDAD CON NÚMEROS IRREALES
Es difícil hablar de porcentajes y cifras de Personas con
Discapacidad (PcD) en Paraguay, ya que no se pueden considerar como reales los
datos oficiales obtenidos en la última encuesta de la Dirección Nacional de
Estadísticas Encuestas y Censos del 2012.
La situación de las estadísticas hace unos años atrás, antes
de la última encuesta, eran todavía más alarmantemente irreales. La cifra de
51.146 personas con discapacidad, que constituye el 1% de la población total
del país estaba, obviamente, muy por debajo de las estimaciones de organismos
internacionales. Estos resultados fueron muy cuestionados por los organismos
públicos y privados encargados de la implementación de programas de atención
hacia las Personas con Discapacidad.
Al 23 de Noviembre 2012, la DGEEC alcanzaba una cobertura
del 81 % de todo el país en su proceso del Censo. Similar al 12,4% registrado
en el censo experimental, realizado en la ciudad de Caacupé en Octubre 2011,
los datos parciales del Censo Nacional de Población y Viviendas 2012 provistos
por la DGEEC, indican que en nuestro país unos 12 de cada 100 habitantes tiene
algún tipo de discapacidad visual, auditiva, física, intelectual o psicosocial.
Se esparaba que para mediados del año 2013 estuvieran listos
los resultados finales acerca de la población con discapacidad, provista por la
DGEEC, pero hasta la fecha (mayo 2014) no hay una cifra final oficial. Esta
situación es lamentable, debido a que, con información real y completa, el
Estado podría crear políticas y asignar presupuestos públicos para brindar
oportunidades reales a la población con discapacidad en salud, educación,
empleo, transporte, en fin, en todos los ámbitos de la vida del ser humano.
El Informe Mundial de la Discapacidad (Junio 2011) de la
Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial estima que por lo menos el
10% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, cifra que puede
llegar a superar el 15% de la población en los países en desarrollo como el
nuestro.
Además se pueden tener en cuenta los datos obtenidos en el
2009 por la Agencia de Cooperación del Japón (JICA) en el marco del “Estudio de
prevalencia de discapacidad realizado en 3 departamentos del Paraguay (Caazapá,
Caaguazú y Guaira)”. La fase preliminar del proyecto, realizada en Atyrá,
departamento de Cordillera, detectó que el 12,5% de la población tenía alguna
discapacidad. El estudio registró la existencia de 19,14% de población con
discapacidad en el departamento de Caaguazú, 21,20% en Guiará, y 19,14%, en
Caazapá,. De estos datos se deduce que aproximadamente el 20% de la población
de estos tres departamentos tiene discapacidad.
En los países de la región los porcentajes de PcD coinciden
con las estimaciones de la OMS. En Brasil se constata el 14,5%, según el censo
de 2000; y Chile tiene un porcentaje de 12,9%, conforme a la encuesta de 2004.
Como en el Censo Nacional de 2002 se habían detectado
falencias, tanto en la capacitación de encuestadores como en la formulación de
las preguntas, a fin de obtener datos oficiales certeros, organizaciones
civiles e instituciones del Estado trabajaron en la mejora de las encuestas para el Censo 2012. El Grupo
Washington de Discapacidad facilitó un modelo que se utilizó con éxito en otros
países, obteniéndose cifras bastante mayores de las halladas anteriormente sin
este cuestionario. además de estas medidas, se realizaron campanas de
concienciación a través de spots televisivos y radiales, ya que también se
había detectado una barrera cultural que hacía que las familias oculten a sus
miembros con discapacidad, por lo que no aparecían en las cifras.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CUPO DE EMPLEO PAPA PcD EN LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Según informaciones del periódico La Nación, la Secretaría
de la Función Pública (SFP) destacó en un informe la inclusión de 995 personas
con discapacidad a la función pública, la elaboración de planes de inclusión
efectiva y progresiva de Personas con Discapacidad (PcD) en las instituciones
estatales y el cumplimiento cada vez más riguroso del concurso público como
método de ingreso. Sin embargo todavía no se acerca al cumplimiento del cupo de
5% establecido por ley.
En el año 2008, para el Estado trabajaban 186 personas con
discapacidad, en el 2009 llegó a 390; en el año 2010, la cifra aumentó a 651,
hasta llegar a 995 en diciembre de 2011, que representan un 0,38% de los
300.000 trabajadores que tiene el Estado. Igualmente la cifra es baja, ya que
según la ley, deberían ser al menos 15.000 trabajadores con discapacidad.
Actualmente son 67 las entidades que reportan la cantidad de
personas con discapacidad que tienen en su plantel. De estas instituciones, 5
son las que cumplen con la cuota de 5% de funcionarios con discapacidad.
La Ley establece que el 5 % del total de funcionarios/as de
cada institución del Estado, gobernaciones y municipalidades debe ser persona
con 33% de discapacidad. Algunas instituciones, entre ellas COPACO, por haberse
privatizado, decían que no estaban incluidas en la ley 2479/04, por lo que en
la modificatoria (3585/08) se puso más claramente que sí están incluidas por la
ley.
A partir del año 2009, se conformó una Mesa
Interinstitucional para la inclusión de PcD en la Función Pública, conformada a
instancia de la SFP y con la participación de representantes de organizaciones
de personas con discapacidad y organizaciones que trabajan con personas con
discapacidad, el INPRO y la Dirección de Educación Inclusiva del Ministerio de
Educación. Esta Mesa Interinstitucional elaboró participativamente el
procedimiento de inclusión que inicialmente se constituyó en Resolución
980/2009. En al año 2010 se realizaron los primeros concursos, que fueron
aumentando luego de que la Resolución pasara a ser Decreto 6369/11.
A Diciembre del 2011 se realizaron conforme a los
procedimientos establecidos en el Decreto, 9 concursos públicos de oposición,
para 36 cargos concursados para diferentes áreas y servicios.
María José Cabezudo, directora de la Fundación Saraki,
menciona que las instituciones que tienen una cantidad interesante de
contratados son: Cancillería que tiene aproximadamente 30 funcionarios con
discapacidad, cuyos cargos fueron otorgados mediante concursos públicos. Otros
que tienen buena cantidad de personas con discapacidad en su plantel, aunque
sin concursos, son: el Senado, SENACSA, el MSP y BS, y la Municipalidad de
Asunción.
ENTES CON BAJO CUMPLIMIENTO
Algunas entidades en las que se da bajo cumplimento de la
ley de inclusión laboral en la Función Pública son: Cámara de Diputados, el MEC
(en proporción a la cantidad de funcionarios) y COPACO.
Victor Hugo León Tenorio, presidente de la Asociación “Julio
Fretes”, expresa que los empleadores se oponen a contratar a personas con
discapacidad por tener una errada concepción que no serán capaces de
desarrollar adecuadamente las funciones que se les asigne y que probablemente
resultará muy costoso adaptar el entorno físico para el desempeño laboral. Esa
actitud se basa en prejuicios que centran la atención en la discapacidad, e
impiden apreciar las cualidades de la persona. Diversos estudios han
evidenciado que emplear a personas con discapacidad brinda beneficios para los
empleadores, como la mejora de la imagen ante su clientela, por demostrar una
actitud de respeto a los Derechos Humanos.
La Lic. Ana María Ferreira, encargada de la Dirección
General de Derechos Humanos, Igualdad e Inclusión de la Secretaría de la
Función Pública, coincide afirmando que “Se ha detectado en algunas
instituciones que las áreas de gestión de personas (Recursos Humanos) eluden
esta responsabilidad debido a que podría significar ‘mayor trabajo’, lo que encubre
un pensamiento e imagen del ‘desvalido’ instalado en nuestra sociedad y que las
personas con discapacidad ‘no van a poder cumplir una tarea’”.
Ferreira refiere además que el incumplimiento del cupo de 5%
va más allá de una falta de voluntad política o de los prejuicios. Dice que al
asumir la actual administración, en el año 2008, no existía un área que se haga
cargo de impulsar una política para el cumplimiento efectivo de la Ley. En los
registros figuraba la existencia de 196 personas con discapacidad al servicio
del estado. "Si bien la ley establecía la obligación de incorporar 2% de
personas con discapacidad, estas leyes nunca antes fueron reglamentadas y antes
el ingreso se daba por amiguismo o como beneficencia", comenta.
Una de las primeras medidas fue crear el área que se ocupa
de las políticas para el impulso del cumplimiento de la ley. Así se incorpora
dentro en la Planificación Estratégica un “Diseño participativo y monitoreo del
Plan para la inclusión e integración de las personas con discapacidad en las
instituciones públicas para el ejercicio del derecho a un empleo digno,
incorporando medidas de accesibilidad”. A los dos años y medio de iniciar el
trabajo se logró que las instituciones empiecen a trabajar en pos del
cumplimiento del porcentaje establecido por la ley.
“Existen instituciones con números muy grandes de
funcionarias/os como el Ministerio de Salud con cerca de 30.000 mil
funcionarias/os, con las que necesariamente se debe hacer un plan de
incorporación progresiva”, señaló Ana María Ferreira.
Otro factor de incidencia en el bajo cumplimiento de la ley
es el presupuesto destinado a la Función Pública. Según expresa el Lic. José
Tomás Sánchez, Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de la Función
Pública, las limitaciones en materia presupuestarias afectan la posibilidad de
incorporación de nuevos/as funcionarios/as.
En el primer diagnóstico realizado en el 2010 sobre la
situación de las Personas con Discapacidad en la función pública, los hallazgos
dan cuenta de que si bien en el país, el acceso a un puesto de trabajo en la
función pública ha dado un gran salto luego de la promulgación de la ley de
Inclusión Laboral Efectiva a PcD y con la reglamentación de la misma, hay un
gran paso que dar aún, y que trasciende el simple cumplimiento de la ley de
cuota de inclusión del 5%.
La Lic. Ferreira también menciona que la incorporación de
personas con discapacidad merece ser planificada, iniciando con la
identificación de las necesidades de personal de cada institución. “No se puede
incorporar por incorporar como anteriormente se hacía, primero se lo
incorporaba y después se buscaba qué podía hacer”.
En este sentido la legislación es clara. En el artículo 2°
de la ley 2479/04 determina que a las personas con discapacidad que acceden a
la función pública, se les asignarán funciones específicas acorde a su
capacidad e idoneidad.
BARRERAS EDUCACIONALES
En nuestro país, históricamente no se impulsó la educación
inclusiva y no se crearon políticas que realicen los ajustes necesarios para
que las Personas con Discapacidad accedan a educación secundaria y menos aún
terciaria o universitaria, de ahí que los perfiles requeridos en muchos casos
no son alcanzados por las personas con discapacidad, según menciona la Lic.
Ferreira.
El informe de la UNFPA y la CEPAL precisa que solo el 30,1%
de los jóvenes con discapacidad están escolarizados en México, mientras que en
Brasil, concurren a la escuela 88,6% del total de niños con discapacidad de 7 a
14 años. En Uruguay, la Encuesta Nacional de PcD de 2004 registró una brecha
semejante pues el 81% de los adolescentes con discapacidad de 6 a 18 años
asistía a la escuela.
“Estas diferencias hablan del embate al derecho a la
educación con igualdad de oportunidades y sin discriminación” señaló el
informe.
DISCRIMINACIÓN
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| Encuesta realizada por la empresa FIRTS en el 2010. |
Según una encuesta de la empresa FIRTS realizada en el 2010,
existe un alto índice de discriminación que persiste en el interior de las
instituciones públicas y que no es ajena a toda nuestra sociedad: la exclusión
del que es “diferente”. “Esas barreras son las más difíciles de erradicar y
todavía llevará mucho tiempo lograrlo, dependiendo de que continúe una política
sostenida al respecto, de lo contrario estaríamos volviendo para atrás” opina
la Lic. Ferreira.
Actualmente en la función pública prestan servicios, en
menor proporción, personas con discapacidad auditiva, intelectual y
psicosocial, siendo de mayor cantidad las de discapacidad física seguido por la
discapacidad visual.
Rodrigo Jiménez, especialista costarricense en DDHH de
mujeres y de Personas con Discapacidad, en su visita a nuestro país hizo
énfasis en la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad en
el acceso y promoción laboral, quienes, según dijo, soportan una situación de
mayor desventaja por la lógica patriarcal que sigue imperando en nuestras
sociedades.
Lilian Soto, ex-ministra de la SFP, dijo que el acceso
laboral todavía es muy desigual entre hombres y mujeres, ya que de los 995
funcionarias y funcionarios, 658 (66%) son hombres y las restantes 337 (34%)
son mujeres.
La discriminación se ve reflejada en varios ámbitos. Como
ejemplo, en una nota periodística que informaba sobre pedido de personal para
la Cancillería se expresaba entre parentesis que el/la candidato/a no debía ser
usuario de silla de ruedas. Podríamos deducir que se debe a la falta de
accesibilidad arquitectónica, pero eso no quita que se trate un hecho de
discriminación.
ACCESIBILIDAD ARQUITECTÓNICA EN EDIFICIOS PÚBLICOS
Según la Ley Nº 4.934 “De accesibilidad al medio físico para
las personas con discapacidad”, el Ministerio de Justicia y Trabajo, las
Gobernaciones y las Municipalidades del país serán las instituciones encargadas
de garantizar la eliminación de las barreras arquitectónicas para que las
personas con discapacidad posean condiciones básicas de accesibilidad al medio
físico.
La Ley, que fue promulgada el 24 de junio de 2013, establece
las disposiciones que facilitan la inclusión de las personas con discapacidad a
la sociedad, a fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de
accesibilidad al medio físico.
En el Artículo 4º del Capítulo II “Acceso al medio físico”,
la Ley establece que “se garantiza a las personas con discapacidad el acceso al
medio físico y la utilización de bienes y servicios de la sociedad, evitando y
suprimiendo barreras que impidan o dificultan su normal desenvolvimiento en
inclusión social. En toda obra de sector público o privado que se destine a
actividades que supongan el acceso del público, deberán preverse accesos,
espacios de permanencia, salidas, medio de circulación, espacios de servicios y
apoyos, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad”.
Por otra parte, en el Artículo 10 del Capítulo IV “Órganos”
dice que “el Ministerio de Justicia y Trabajo, a través del Viceministerio de
Justicia y Derechos Humanos, las Gobernaciones y las Municipalidades del país,
deberán promover y garantizar la eliminación de las barreras arquitectónicas,
para que las personas con discapacidad tengan condiciones básicas de
accesibilidad al medio físico, y establecerán para cada ámbito o área, medidas
concretas, para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar
desventajas o dificultades.” (http://www.mjt.gov.py/interna.php?id=524&sec=noticias)
Al respecto hay que señalar que en el año 2011 el Instituto
Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) ha elaborado las
normas de accesibilidad del entorno que se deben observar en esta materia.
(http://www.parigual.org/cat/accesibilidad-arquitectonica-y-urbanistica/ )
No se cuenta con un estudio sobre la situación de
accesibilidad de las instituciones públicas que pueda brindarnos un diagnóstico
adecuado, sin embargo, por medio de la observación podemos aseverar que la gran
mayoría de las instalaciones de las instituciones públicas no cumplen las
normas de accesibilidad.
Otra iniciativa interesante fue la de docentes de la
Facultad de Arquitectura Diseño y Arte, para las Carreras de Arquitectura y Diseño
Industrial, que presentaron una propuesta didáctica "Con el objetivo de
formar recursos humanos, capacitados para dar respuesta a las necesidades de la
inclusión en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde la respuesta a
situaciones que se presentan en el ámbito urbano, arquitectónico y con la
elaboración de productos adaptados a los requerimientos de la
accesibilidad", según manifiestan en el proyecto. Puede conocer más en
este link http://www.cevuna.una.py/inovacion/articulos/08.pdf
TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
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Proceso de selección establecido en el Decreto 6369/2.011 capítulo III. |
El procedimiento establecido en el Decreto 6369/2.011
capítulo III, señala claramente que las instituciones que realizan concurso
deben realizar los ajustes necesarios para evitar todo tipo de discriminación.
Del mismo modo, la Secretaría de la Función Pública emitió la Resolución 942/09
que establece el marco básico de las políticas de No Discriminación en la
función pública, que todas las instituciones deben observar. Así mismo el
Decreto 7839/2.011 que aprueba el Primer Plan de Igualdad y No Discriminación
en la función Pública Paraguaya.
¿A DÓNDE PUEDEN RECURRIR LAS PcD QUE QUIERAN CONCURSAR?
El llamado a concurso debe ser publicado por lo menos diez
días hábiles en los medios de comunicación o en el portal de la Secretaría de
la Función Pública (http://www.sfp.gov.py/sfp/). Esto está establecido en el
Decreto 6369/2.011, en su artículo 11 inciso “c”.
Del mismo modo, la Secretaría pone a conocimiento de las
organizaciones de sociedad civil relacionadas a la discapacidad los llamados a
concurso, de modo que lleguen a los interesados.
INICIATIVAS DEL ESTADO Y ORGANIZACIONES CIVILES
Planes de Inclusión
http://www.slideshare.net/angiesanz/acciones-de-la-secretara-de-la-funcin-pblica
Para la incorporación e inclusión efectiva y progresiva de
las personas con discapacidad en las instituciones públicas, con miras al
cumplimiento del porcentaje establecido (5%) en las Leyes Nº 2479/04 y Nº
3585/08, la SFP impulsó la elaboración de Planes de Inclusión, conjuntamente
con la Fundación SARAKI. Actualmente 18 instituciones llevan a cabo la
implementación de planes, que no incluye solamente el ingreso a la función
pública sino también su capacitación. Del mismo modo, la Secretaría ha elaborado
un material didáctico para apoyo a las instituciones a la hora de elaborar los
planes pertinentes.
INICIATIVAS DE ORGANIZACIONES CIVILES:
Fundación Solidaridad: PLURAL, Centro para el Desarrollo
Socio Laboral
Gabriela Bernardes, Encargada del programa "Plural"
de la Fundación Solidaridad, comentó que desde inicios del 2011 llevan adelante
el proyecto PLURAL, una iniciativa co-financiada por la Unión Europea. El
proyecto tiene como objetivo la implementación de programas de formación
laboral e inclusión social de personas con discapacidad física. Igualmente,
contempla la elaboración de materiales prácticos sobre accesibilidad e
inclusión, y la instalación de un observatorio de información, actualización e
investigación sobre temas relacionados a la discapacidad y otras áreas de
interés.
El proyecto Plural ya realizó varios cursos de capacitación,
como el de Lengua paraguaya de señas, Elaboración de bijouterie, Oratoria,
Locución y Teatro, Operador Básico y Avanzado de Computación, Marketing,
Atención y Servicio al público, Inglés, Manualidades navideñas, Reparación de
celulares, entre otros, y de esta manera beneficia gratuitamente a personas con
discapacidad para que accedan a un puesto laboral.
Contactos: Tel: (021) 285 545 - E-mail: plural@fundacionsolidaridad.org.py
FUNDACIÓN SARAKI: Inclusión laboral de personas con
discapacidad
Saraki nace con la intención de trabajar con personas con
discapacidad en la búsqueda del mejoramiento de su calidad de vida. Empieza en
el año 1996 como grupo de arte y se consolida como Fundación Saraki en el año
2003.
La Fundación Saraki es un grupo humano que de forma
participativa, busca a través del trabajo coordinado en redes, el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas con discapacidad en la sociedad, buscando
potenciar oportunidades para la plena inclusión de las mismas a través del
conocimiento y el ejercicio de sus derechos cívicos, así como la concienciación
y la promoción de cambios significativos hacia una sociedad inclusiva.
La Fundación, como uno de sus ejes principales, promueve la
inclusión laboral de personas con discapacidad en igualdad de condiciones,
trabajando en alianza con instituciones públicas y empresas privadas.
Gestión de Talentos: Es una propuesta exitosa de formación y
capacitación de Saraki a través del empleo con apoyo que impulsa la inclusión
laboral efectiva de jóvenes con discapacidad intelectual, potenciando sus
talentos y capacidades.
Contactos: Tel: (021) 202 155 E-mail: comunicacion@saraki.org
Para uso de este material, por favor, sírvase citar la fuente.
Fuente: Investigación Periodistica sobre la situación
laboral de personas con discapacidad en la función pública en Paraguay.
http://angienardelli.blogspot.com/2012/03/situacion-laboral-de-personas-con.html
Autor: Angélica Sánchez Nardelli (Licenciada en Ciencias de
la Comunicación)
Fecha de elaboración: Diciembre de 2011
Fecha de actualización: Mayo de 2014
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